Tal vez nos cueste encontrar en el mapa al Estado de Myanmar, un país al que muchos conocimos como Birmania. Está ubicado en el lejano Oriente. Cuenta con más de cincuenta millones de habitantes. Está ofreciendo al mundo una tragedia de manual, propia a las acciones terribles que nos impactaron en el siglo XX. Comúnmente, cuando pensamos en musulmanes, pensamos en árabes, lo que es un error. Millones son los musulmanes no árabes asiáticos. Es más, el país con más musulmanes del mundo es Indonesia y en su gran mayoría no son árabes.
Hacia el Norte de Indonesia, vecino a Tailandia y China, encontramos a Myanmar. Allí habita una minoría religiosa, los rohingyas, un pueblo musulmán discriminado y perseguido durante décadas.
Lo que hasta hace poco era un escenario donde ha dicha minoría se le restringía el casarse o viajar sin permiso de las autoridades, sumado a la negación de derecho a poseer tierra ni propiedades, ha mutado hacia lo que los historiadores denominan una "limpieza étnica de manual”.
Las acciones desde el mismo estado contra bienes y la vida de los integrantes de esta minoría, recién en los últimos días, ha generado una reacción internacional. El éxodo de cientos de miles de ellos, la negativa a permitir ayuda humanitaria y la muerte de enorme cantidad de civiles dan marco a ese escenario.
Desde finales de agosto, casi 400.000 habitantes de esta minoría han sido empujados a dejar sus bienes y huir hacia Bangladesh, acción fomentada desde el ejercito de Myanmar como reacción ante las acciones de insurgencia que se le atribuyen a esta minoría, históricamente discriminada y perseguida en ese país.
Las autoridades de Bangladesh y organizaciones internacionales informan que no consiguen hacerse cargo de la marea humana que en los últimos días cruzó la frontera entre Myanmar y ese país.
Distintas organizaciones informan de asesinatos masivos, quemas de viviendas y saqueos entre otras acciones contra los rohingyas, minoría que en su país de nacimiento Myanmar. A ellos, no se les otorga ciudadanía ni derecho alguno de peticionar ante las autoridades, ya que el estado ni los reconoce como grupo étnico residente en el país.
Tal vez nos cueste abordar el hecho, por la distancia geográfica, y por ser un tema que afecta a una minoría que distamos de conocer. Pero les está pasando algo que los libros de historia y los memoriales nos recuerdan que pasó, no hace mucho, a colectivos que conocemos o integramos.
Por ello, no corresponde la indiferencia de la sociedad y de los estados. El no actuar ante las primeras señales de un accionar discriminatorio, intimidatorio y totalitario de un estado hacia sus habitantes, implica consecuencias de casi imposible reparación.
En ese sentido es obligación de todos el denunciar estos hechos, como señal contra la indiferencia para con el sufriente, como aporte necesario para la construcción de un mundo mejor.
Leonardo Siere – Presidente de la Sociedad Israelita de Beneficencia de San Juan