Abusándose del importante rol que cumplen dentro de la vida diaria, los prestadores de los servicios públicos de pasajeros, en todas sus modalidades, han estado, en estos últimos meses, anunciando y concretando medidas de fuerzas consistentes en paros imprevistos o huelgas, sin contemplar el daño que causan a todas las actividades, al impedir que la gente se movilice con normalidad.
Más allá de que los reclamos estén justificados o no, lo que se cuestiona es la frialdad con la que los representantes sindicales de cada uno estos servicios, ya sea que se trate de transporte de colectivos, trenes o aviones, disponen la suspensión de actividades en forma unilateral sin la menor consideración de los efectos que provocan estas acciones. Calificar a estos paros como salvajes tiene estrecha vinculación con el sentimiento que provocan en la población, que de un momento a otro queda sin la posibilidad de llegar a tiempo a su trabajo, concurrir a lugares habituales, trasladarse para realizar compras varias, en definitiva para realizar actividades de la vida normal que quedan interrumpidas por decisión de un grupo de dirigentes que se atribuyen el poder de tomar medidas extremas en salvaguarda de intereses sectoriales, sin importarle el mal que hacen al resto de la comunidad y al país. La misma dirigencia gremial que hace gala de riquezas personales después de permanecer más de 30 años al frente de los sindicatos.
La mayoría de los paros anunciados en estos últimos tiempos han estado viciados de nulidad, al no haber seguido las pautas establecidas para estas medidas amparadas por la ley 20.744 de Contrato de Trabajo o la 23.551 de Asociaciones Sindicales. Tal el caso de los últimos paros de la UTA que no han seguido los pasos legales, lo que ha sido observado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Medidas de estas características son las que han hecho que de un momento a otro, los pasajeros se enteraran que en cuestión de horas se preveía el inicio de un paro de transporte como el que ocurrió el sábado último en nuestra provincia. En el momento que menos se pensaba, el sábado por la mañana se conoció que la mayoría de las empresas de ómnibus no estaban prestando servicio, ocasionando serios inconvenientes fundamentalmente al comercio. Algo parecido ocurrió entre el lunes y el martes en Buenos Aires con el servicio de trenes, con un paro que dejó a casi 1 millón de personas sin poder trasladarse hasta el mediodía del martes en que se resolvió un acuerdo para suspender la medida.
Por más que la situación de todos los sectores sea crítica en cuanto a derechos salariales y laborales, se debe terminar con estos paros imprevistos que mantienen en vilo a la población. El Ministerio de Trabajo debe ser más estricto en la exigencia de la legalidad del derecho a huelga, y velar más por los derechos de los usuarios de los servicios públicos, que terminan siendo rehenes de estas situaciones.