Con una inversión millonaria, incorporación de personal y cambios de base en el Poder Judicial, hoy comenzó a rodar el sistema acusatorio. La puesta en marcha ocurre tras 10 años de espera en el que funcionarios judiciales, como el Fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, indicaban que el viejo sistema penal "es perverso y no vas más". El cambio es una deuda pendiente para con la sociedad que busca que los delitos tengan solución y condena judicial. De hecho el fuero Penal tiene el peor desempeño en materia de resolución de causas: según la última estadística oficial, de 2019, ostenta una tasa de resolución del 9,1 por ciento, lo que significa que, de cada 100 expedientes que se iniciaron ese año, sólo nueve tuvieron una definición. Con esa necesidad de cambio a la vista, la gestión uñaquista promovió las modificaciones a través de una política de Estado en el que incluyó las áreas a su cargo, el trabajo de magistrados del Poder Judicial y el aporte legislativo de la Cámara de Diputados.
El cambio es sustancial, ya que los jueces dejan de tener en manos la investigación criminal y pasan a actuar controlando que se respeten las garantías constitucionales. De esa manera estarán más liberados para resolver los casos ya que no tendrán la carga administrativa que insume la averiguación de un delito. Esa investigación es ahora potestad de los fiscales quienes, junto a la Policía, reunirán las pruebas y acusarán a los sospechosos ante los jueces (Ver infografía). Por otro lado, una de las modificaciones clave es que el proceso es completamente oral, como ocurre en Flagrancia, por lo que se espera que sea más rápido. De hecho, en el Poder Judicial entienden que un homicidio demandará un año en su resolución, cuando hasta ayer requería hasta tres años.
El sistema acusatorio estaba previsto arrancar a mediados del año pasado, pero la pandemia postergó su inicio. El ministro de la Corte, Guillermo De Sanctis, fue un promotor del cambio al punto que en 2019 lo incluyó en su mensaje de apertura del año judicial y durante su gestión como presidente se produjo la aprobación de la norma de implementación del nuevo Código Procesal Penal. Con Adriana García Nieto al frente, la investigación fiscal tuvo el impulso final que obligó un cambio radical dentro del edificio 25 de Mayo. Con una inversión de 34 millones de pesos, se produjo una renovación en tiempo récord, ya que en 45 días se remodeló casi el 50 por ciento del inmueble.
El Ministerio Público Fiscal creo las Unidades Fiscales de Investigación (UFI) para avanzar con las causas. Así, la UFI Cavig tramita los casos de violencia intrafamiliar y de género. La UFI Anivi es la que sigue las causas de abusos sexuales contra menores de edad, mientras que UFI de Delitos Especiales absorbe asesinatos, homicidios culposos (accidentes de tránsito y mala praxis médica) y hechos delictivos contra la administración pública.
Sobre el nuevo sistema, García Nieto había destacado el trabajo en conjunto de los tres Poderes del Estado. Por su parte, el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, dijo que "el trabajo en conjunto de Fiscales y Policías en la persecución del delito mejorará las condiciones de seguridad y de respuesta al ciudadano. Con Flagrancia ya se ha demostrado que es así".
En el caso de Quattopani, el titular de los fiscales apuntó que "es el fruto de una lucha cultural de muchos años donde hubo que vencer la resistencia y la ignorancia de muchos. Es claro, la provincia gana en institucionalidad. Digámoslo así, sólo un Ejecutivo moderno le da la investigación al Ministerio Público, limitando el poder de la Policía que de él depende. Claro está, todavía hay que vencer cabezas que piensan en blanco y negro", cerró.