El contador Juan Brozina está acusado de quedarse con 590 mil pesos del Arzobispado, lugar en el que era el administrador. A través de sus abogados, ofreció una reparación simbólica de 20 mil pesos y realizar tareas comunitarias a cambio de evitar el juicio y una eventual condena en el marco del proceso de suspensión de juicio a prueba (probation). La postura de la fiscal Leticia Ferrón es clave y ayer no se opuso al planteo, por lo que, de acuerdo a los antecedentes, el juez José Vega le otorgará el beneficio.
Tras la audiencia, Brozina no habló con los medios.
La misma situación se dio para el otro procesado, Darío Tapia. El extesorero de la institución religiosa está en la mira por el desvío de unos 150 mil pesos y propuso la entrega de 3 mil pesos y llevar a cabo las tareas comunitarias que el magistrado defina. Tras la audiencia, la definición en ambos casos se dará el viernes que viene.
En el medio hubo puja entre los abogados. Cristina Naveda, representante del Arzobispado como querellante, manifestó su rechazo a que Brozina y Tapia accedan a la probation. En referencia al primero, señaló que en el caso de un juicio, podría caberle una pena de cumplimiento efectivo debido a que mantuvo una relación de confianza, en ese entonces, con monseñor Alfonso Delgado y se aprovechó de esa situación. Además, al ser contador, comprendía la criminalidad del hecho. También remarcó que su conducta posterior al hecho no demostró colaboración ni solidaridad, ya que con denuncias “desacreditó al arzobispo y al clero”. Y remarcó que la reparación del daño no es razonable. Rolando Lozano, defensor de Brozina, señaló que las razones de la querella fueron “irrazonables” y que en el caso de la reparación económica, tienen abierta la instancia en sede civil.
Por su parte, la fiscal no se opuso a la probation debido a que la escala penal del delito (de 1 mes a 6 años de cárcel) lo permite y que Brozina no tiene antecedentes penales.