Luego de que la Corte de Justicia actualizara la Ley Orgánica de Tribunales, la Unión Judicial puso el grito en el cielo debido a que dejaba abierta la puerta a estirar de seis a ocho horas la jornada laboral. Así, hubo un duro comunicado en el que el gremio se declaraba en estado de alerta y movilización. Luego, cuando el máximo tribunal envió el proyecto a la Cámara de Diputados, desde el sindicato presentaron una nota en la que reflejaron que no se les dio participación en la elaboración de la iniciativa que tenía que ver con los derechos laborales, por lo que buscaba ser escuchado en el tratamiento legislativo. Fue así que se dio una reunión y el presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur, y el secretario General de la entidad gremial, Sebastián López, acordaron y firmaron un nuevo texto, en el que la jornada laboral quedó en seis horas, como es en la actualidad.
Olivares Yapur destacó que "no hubo presión, sino diálogo" y que desconocía el contenido de la nota presentada por la Unión Judicial en la Cámara de Diputados. Lo cierto es que el sindicato hizo esa movida el 30 de noviembre y el pasado lunes ingresó a la Legislatura el escrito firmado por el titular de la Corte y el del sindicato con el retoque a la jornada laboral.
El proyecto de Ley Orgánica de Tribunales, elaborado por todos los cortistas, establecía en su artículo 9 que los empleados deben "asistir, en horario matutino o vespertino, toda vez que sean convocados y hasta cumplir las ocho horas de jornada laboral". Ese tiempo de trabajo es lo que generó el reclamo de López, ya que, actualmente, el plazo es de seis horas, con la posibilidad de una extensión de dos horas si así se necesita por la acumulación de tareas. El gremialista expresó que desde el máximo tribunal le dijeron que no había intención de afectar derechos laborales, pero aclaró que otra composición de la Corte podía tomarse de esa premisa estipulada en la normativa. Así, Olivares Yapur resaltó que se hizo una "aclaración" para que hubiera tranquilidad. A su vez, como un reconocimiento del máximo tribunal, remarcó que "vamos a aceptar el pago de horas extras cuando la convocatoria supere las ocho horas. Es decir, son seis horas de trabajo y la posible convocatoria de dos horas si es necesario. Si se lo convoca un poco más, ese excedente se va a pagar".
Tras la embestida del gremio, la nueva redacción del artículo, enviada a la Legislatura, indica que la jornada laboral es de seis horas, mientras que los empleados "pueden ser convocados, cuando razones de servicio lo ameriten", hasta "cumplir un máximo de ocho horas diarias". López destacó que "haber llegado a un acuerdo no es un tema menor", al igual que calificó de "histórico" el hecho de que el gremio tendrá lugar en la comisión que se conformará para dictar los reglamentos de los derechos y obligaciones del personal del Poder Judicial.
El tema había comenzado con virulencia, ya que la Unión Judicial había sacado un comunicado el 25 de noviembre en el que señalaba que los sueldos del personal, "en muchos casos, están por debajo de los índices de pobreza y su jubilación es la ordinaria", a diferencia "de los muy buenos sueldos de los funcionarios y magistrados, sumado a los demás privilegios, como la jubilación del 82 por ciento móvil y el no pago de Ganancias". Ese 25, el proyecto de ley fue derivado a comisión y, el 30, el gremio acudió a la Cámara para pedir su participación en el tratamiento de la iniciativa.
Función
López también cuestionó que el proyecto desvincula la función del cargo, al asignarle a un prosecretario, por ejemplo, tareas de menor jerarquía, lo que puede entenderse como un modo de sanción. El titular de la Corte había dicho que eso debe discutirlo con el Colegio de Magistrados.
Capacitación
La Unión Judicial también criticó el hecho de que la capacitación obligatoria fuese fuera del horario laboral, es decir, en el tiempo de descanso de los trabajadores. Así, lo que plantean es que los cursos de perfeccionamiento se lleven a cabo dentro de la jornada laboral.
Iniciativa legislativa
La actual composición de la Corte de Justicia viene haciendo uso de su facultad de iniciativa legislativa, es decir, de presentar proyectos para que sean convertidos en leyes. Además de la reforma de la Ley Orgánica de Tribunales, el máximo órgano judicial presentó otros cuatro proyectos. Uno de ellos tiene que ver con la confección de un Código Procesal de Familia, dado que los magistrados de ese fuero se vienen manejando con los parámetros generales del Código Civil y otras normativas, pero ninguna específica a la dinámica de la especialidad.
Otra de las iniciativas contempla modificaciones al Código Procesal Civil y al Laboral.
El tercer proyecto está vinculado a los recursos extraordinarios provinciales, es decir, aquellos planteos ante fallos de primera y segunda instancia que llegan a la Corte. El último tiene en cuenta la incorporación de figuras delictivas al nuevo sistema acusatorio, en el que la investigación está en manos de los fiscales. Entre los tipos penales se encuentran los que comprenden a incendios y otros estragos, delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y comunicación, los delitos contra la salud pública, como envenenar o adulterar aguas, alimentos o medicinas, y la falsificación de documentos en general. El 25 de noviembre, los proyectos fueron girados a comisión.