Desde hace 26 años España lidera el ranking mundial de donaciones de órganos, con un registro de 46,9 donantes por millón de habitantes, según datos correspondiente a 2017. Esta cifra que duplica a la de la Unión Europea con una media de 21.5, triplica a la Argentina que apenas supera los 13 donantes por millón de habitantes.

¿A qué se debe tanta diferencia entre España y un país como el nuestro que ha sido pionero en el tema de los trasplantes? La respuesta parece estar en que la Argentina ha perdido terreno en varios aspectos: Por un lado no ha capacitado como corresponde a los profesionales que intervienen en la tarea de ablación y trasplantes de órganos, ni ha concientizado, en la medida de lo esperado, a los ciudadanos. Y como aspecto más importante, no ha consolidado la figura del coordinador, que es el auténtico nexo entre el sistema y las familias de los donantes, y es factor determinante de que una familia finalmente opte por la donación.

Decimos que Argentina es pionera en el tema de los trasplantes ya que desde 1977 cuenta con el Incucai, uno de los primeros entes reguladores del mundo, creado una década antes que sus similares de España y Estados Unidos. De la misma forma ha contado con el Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (Sintra).

La nueva ley de trasplantes de nuestro país, sancionada recientemente, se acerca mucho al modelo español, aunque al momento de ser reglamentada se deberá tener en cuenta varios aspectos que han hecho que el sistema de los españoles haya servido de inspiración a varios países del mundo.

La "Ley Justina”, como se denomina a la nueva legislación tiene como punto principal establecer que todas las personas mayores de edad son donantes de órganos, salvo que hubieran expresado su voluntad contraria. Con esto, y otras disposiciones, se pretende mejorar los índices de donaciones que, actualmente, es muy bajo si lo comparamos con países de la región y del mundo entero.

Para tener en cuenta, en 2016 la negativa de donar de las familias ante la consulta era del 50%; el año pasado, después del caso Justina, la niña de 12 años que murió esperando la donación de un corazón y que fue inspiración de la nueva ley, disminuyó a poco más del 30 por ciento. No obstante aún existe en la sociedad un porcentaje de negativa en el consentimiento de las familias. Y eso no se modifica por ley.