Una mujer y sus dos hijos de la comunidad gitana, radicados en Mendoza, devolvieron todo lo que, el 9 de marzo pasado, le habían sacado a la madre de un funcionario con una estafa conocida: el cuento del cambio bancario. En total, la víctima recuperó sus 12.000 dólares (unos 246.000 al cambio oficial de entonces) y 115.000 pesos. No fue una devolución gratuita: a cambio, presentaron un acuerdo con la víctima para que el juez les conceda un perdón legal: la extinción de la acción penal que prevé el artículo 59 inciso 6 del Código Penal, en este caso por la reparación integral del daño causado.
Oscar Adárvez, quien era abogado de Marisa Griselda Caldera y sus hijos Héctor Fernando y Lucas Gustavo Traico, presentó un escrito y devolvió el dinero, peso por peso y en su moneda de origen. El letrado, citó varios fallos en los que se entiende que la titularidad de la acción penal, deja de ser ejercida por la Fiscalía para pasar a la víctima, que es la que acuerda el "perdón" al victimario si considera reparado el perjuicio, siempre que no exista violencia de por medio, como en este caso, explicó.
Entre la plata devuelta y la fianza, los sospechosos desembolsaron más de medio millón.
E insistió, como otros abogados locales, que la ausencia de una reglamentación local de cómo, cuándo y para qué delitos se aplicará ese régimen penal excepcional, no debe ser obstáculo para concederle la extinción de la acción al imputado, es decir la posibilidad de contar con el beneficio de que todo antecedente del hecho se borre de su planilla y el caso se archive.
Sin embargo la fiscal Claudia Salica ya se opuso. Sostuvo que el acuerdo en sí debe ser rechazado por dos razones, porque aparece firmado entre el abogado y la víctima, y no por los imputados. También citó la postura de la Corte de Justicia sobre el sonado tema, en la cual se afirma que, primero, la Cámara de Diputados debe fijar cómo se aplicará en San Juan esa modificación del Código Penal.
Ambos planteos ya están en manos del juez Benedicto Correa (Quinto Juzgado de Instrucción), quien ya indagó a los tres sospechosos por el delito de estafa y los excarceló, previo pago de una fianza de 80.000 pesos cada uno. Ahora debe decidir si los procesa o si les concede o no el perdón que le solicitan.
El 9 de marzo pasado, Luisa Schvartz recibió en su casa de Concepción, Capital, un llamado de una mujer que decía ser su hija. Desconfió, pero la astucia de la delincuente que actuó con la complicidad de un falso gerente, pudieron más. En minutos, la confundieron y la convencieron de entregar todo lo que tenía, 12.000 dólares y 115.000 pesos a un supuesto representante del banco que pasaría por su casa, y así evitaría la gran devaluación que se venía. Mentiras. Pero los delincuentes dejaron cabos sueltos: la víctima reconoció al falso empleado bancario y el auto en que se movilizaba. Y con esos datos la Brigada de Investigaciones de la Central de Policía, puso al descubierto la afilada maniobra de la banda de gitanos mendocinos, y la gran cantidad de dinero, joyas y bienes (autos de alta gama y casas) que conseguían con el ingenioso método de las llamadas. De alguna manera, habían conseguido una particular agenda telefónica, en la que barrían zonas, domicilio por domicilio, hasta que alguien "picaba" y lo engañaban para sacarle todo lo que podían.
Los principales sospechosos son los gitanos investigados en San Juan y también en Mendoza, por supuesto lavado de dinero.