Al excomisario general Raúl Héctor Páez (exjefe del D-5 y miembro de la Plana Mayor) y a quien era segundo jefe de Drogas Ilegales, Rolando Narváez los acusaban de los más graves delitos: ser jefes de una asociación ilícita y principales organizadores de la comercialización agravada de drogas en complicidad con otro policía, el cabo primero José Herrera. A los tres también les atribuían haber extorsionado a los dos narcos a quienes les liberaban zonas para que pudieran vender y entregarles dinero, de manera semanal y mensual. Y a los narcos, Paula González y Washington David Castillo (alias "Oscuro", "Negro", "Thiago") se les endilgaba integrar la asociación ilícita (igual que a Herrera) y además la venta agravada de los estupefacientes. Todo estaba listo para que ayer el Tribunal Federal integrado por Hugo Echegaray, Juan Carlos Turcumán y Alberto Daniel Carelli empezaran con el juicio para comprobar o no, ya con certeza, si habían cometido esos delitos entre enero y abril de 2016, cuando el caso representó un escándalo, con allanamientos en la propia Central de Policía y en Drogas Ilegales.
Pero luego de arduas negociaciones entre los defensores Gustavo de la Fuente, Sandra Leveque, César Jofré y el defensor oficial Esteban Chervín, se acordó un juicio abreviado con el fiscal federal Francisco Maldonado. Y a los cinco implicados sólo les quedó en pie la figura de comercialización agravada de drogas, por el número de personas y por ser funcionarios públicos a los policías.
Por esa única maniobra delictiva, los policías aceptan 6 años de prisión efectiva y 5.000 pesos de multa. Y los narcos, 2 años y 6 meses de cárcel sin encierro y 1.500 pesos de multa, dijeron fuentes judiciales.
Estos últimos pudieron acordar una pena menor porque cuando estalló la investigación, aceptaron revelar todos los detalles del caso con la "figura del arrepentido", que prevé una atenuación de los castigos.
Si el tribunal aplica las mismas penas, los policías podrían empezar a salir en 10 meses
Aquella vez se supo que Castillo vendía drogas en la zona de Chimbas y que los policías se encargaban de eliminarle la competencia, para que vendiera "tranquilo" y pudiera realizarles los pagos semanales y mensuales que le reclamaban.
González vive en el barrio Cabot y conocía a Páez y Narváez desde los tiempos en que se dedicaba a la prostitución, y también debía pagar para "trabajar tranquila".
La propuesta de juicio abreviado será analizada por el tribunal, que podrá aceptarla o rechazarla. Si la acepta, no podrá aumentar castigos. Y si acaso aplica las mismas penas, a los policías sólo les quedarían 10 meses para empezar a salir.