El Gobierno decidió no enviar al Congreso el proyecto de ley de Transparencia y Buenas Prácticas en la obra pública. Antes de fin de mes emitirá un decreto reglamentario con el mismo espíritu, que aplicará un techo de 15% a las ofertas en las licitaciones respecto del costo que fije el Estado para una construcción.
Según anticiparon a la agencia oficial de noticias Télam fuentes de la Casa Rosada, en el oficialismo decidieron evitar el debate parlamentario sobre el tema y acelerar la puesta en marcha de la nueva normativa, por lo que ‘el decreto será firmado por el Presidente antes de fin de mes y tendrá casi las mismas reformas que figuran en el borrador del proyecto‘.
Se duplicaron
Los 865 llamados a licitaciones de obras públicas realizados por el Estado Nacional, las provincias y municipios durante marzo duplicaron (111% más) el nivel de febrero, y sumaron casi $28 mil millones, según un informe privado realizado por la consultora Gómez Nieto Asociados.
La mayor novedad en la nueva normativa será que habrá un tope de 15% a la variación de las ofertas respecto del costo que fije el Estado para una obra: es decir que si el trabajo está designado en $100 millones de presupuesto, las ofertas en las licitaciones no podrán ser inferiores a 85 ni mayores a 115.
De serlo, y no haber otra opción en la licitación, el decreto le asigna al ministro de cada cartera la decisión final de autorizarla o no, quitando la responsabilidad a los subalternos.
Esta normativa evitará -según el oficialismo- una cartelización en el mercado de la construcción por parte de los grandes jugadores, ya que desde el Gobierno creen que el caldo de cultivo para la corrupción en las obras estaba dado por el libertinaje en la modificación sin control de los presupuestos luego de las licitaciones.
‘Lo que esta ley provocaría es evitar que los grandes jugadores del mercado perjudiquen a los más chicos, ofreciendo licitaciones con precios insólitamente bajos pero que después terminan renegociando al alza a los pocos meses‘, explicó uno de los involucrados.
En el Ministerio del Interior -cuyos funcionarios confeccionaron el proyecto de ley que ahora será decreto- destacaron que ‘las empresas constructoras se mostraron a favor de este cambio aunque habían sugerido otro esquema‘, y los gremios vinculados a la construcción ‘ya expresaron su acuerdo en la firma del pacto con la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAC)’.
El borrador del proyecto contempla establecer un piso respecto de la oferta a la baja que puedan presentar los contratistas en una licitación (con relación al precio prefijado por el Estado) y un techo a la eventual renegociación al alza del precio acordado en el pliego.
Desde Interior adelantaron que ese piso y techo será del 15% y que, si se perfora por algún motivo, la decisión política de realizar la obra debe quedar a cargo de los ministros, que en la órbita nacional serán los de Transporte, Interior y Energía, únicas carteras con facultades de obras.
La nueva reglamentación también planteará ‘castigos a los funcionarios que incumplan y también la expulsión del Registro de Contratistas a quienes se cartelicen‘, además de prohibir incompatibilidades (quien haya trabajado en estamentos del Estado que ejecutaron obras no podrá ser contratista por un lapso de cinco años). Otra medida será sumar a la Comisión Nacional de la Competencia al entramado de la licitación y participar a la Auditoría General de la Nación (AGN) de cada paso concreto en la adjudicación y control de las obras.