Todo los cabos sueltos en la investigación por el atentado Cristina Fernández Fernández de Kirchner pasaron ayer de ser polémicos a un error grosero: el teléfono celular que portaba Fernando André Sabag Montiel, el único detenido por intentar asesinar a la vicepresidenta sufrió un reseteo en los momentos en que la Justicia intentaba extraer información, por lo que esa prueba fundamental para la investigación corre riesgo de perderse.
El hecho generó una ola de criticas en el oficialismo y la oposición, que reclamaron "respuestas" a la Justicia en medio de versiones encontradas entre el juzgado a cargo de la causa y las fuerzas de seguridad, fundamentalmente la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
En medio del escándalo, la jueza de la causa, María Eugenia Capuchetti, impuso el secreto de sumario tras analizar decenas de imágenes tomadas por distintas cámaras: la Justicia cree que el agresor "no actuó solo".
Luego del trabajo realizado, la justicia le restó fortaleza a una primera hipótesis, aquella que sostenía que el joven de 35 años, de origen brasileño, había actuado en soledad a la hora de atacar a la vicepresidenta con una pistola Bersa calibre 32 "apta para disparar" a pocos centímetros de su cabeza.
Sin embargo, pese a que ahora la justicia sospecha de la participación de otras personas, aseguraron que
hasta el momento "no hay ninguna organización sofisticada, ni se determinó que sea un grupo organizado de relevancia ni mucho menos".
Para explicar el "error" con el celular del detenido, la jueza indagó a los técnicos informáticos de la PSA a los dos policías federales a los que les apareció la leyenda que daba cuenta de un posible formateo del teléfono. Allí, los peritos informáticos explicaron las razones por las cuales el celular del detenido Sabag Montiel hizo un "reseteo" y volvió a "estado de fábrica" y perdió toda la información.
En esa indagatoria los expertos explicaron lo que hicieron con el celular del acusado, su tarjeta SIM y el chip.
En el caso de estos dos últimos se extrajo el contenido que "se encuentra bajo análisis".
Sobre el reseteo del celular al estado de fábrica, los peritos detallaron los motivos por los cuales pudo ocurrir esto y no descartaron que pudiera haberse activado de manera remota o bien por algún error al intentar acceder al dispositivo. En su caso, no se logró la extracción de información y las pruebas claves que pudiera contener corren riesgo de perderse.
El reseteo fue detectado cuando el equipo llegó a manos de la PSA el viernes por la noche. Esa fuerza de seguridad recibió el dispositivo de manos de la custodia personal de Capuchetti: estaba encendido, dentro de un sobre abierto y no está confirmado que hubiera sido acompañado por algún tipo de documentación.
La PSA recibió el celular en su sede de Ezeiza, la noche del viernes, horas después de que el aparato hubiera sido manipulado por técnicos de la Policía Federal Argentina (PFA), que fue la primera fuerza en intentar extraer información en presencia de secretarios del juzgado, la fiscalía y la defensa oficial.
El teléfono viajó desde Comodoro Py hasta la sede de la PSA y durante una parte del trayecto que une el barrio de Retiro con Ezeiza también viajó en el auto un secretario del juzgado que se bajó en el camino. A pesar del inconveniente, desde el juzgado aseguran contar con toda la prueba documental que da cuenta de la cadena de custodia del dispositivo electrónico; algo que otras fuentes del caso ponen en duda.
El teléfono había sido secuestrado cuando detuvieron a Sabag Montiel en la noche del jueves, tras el ataque a Fernández de Kirchner cuando llegaba a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta: el agresor lo llevaba en el bolsillo de su campera.
El juzgado, por estas horas, evalúa solicitar a EEUU colaboración tecnológica para avanzar con el peritaje del celular para recuperar el contenido perdido.
Las medidas de prueba apuntan, entre otras cosas, a saber si la acción fue planificada o, cuanto menos, comentada previamente por el agresor con su entorno.
Amenaza de causa penal para la jueza
El abogado Gregorio Dalbón, uno de los letrados que representa a Cristina, confirmó que ya "está lista" la solicitud de la exmandataria para sumarse a la querella en la causa que investiga el intento de magnicidio, y aseguró que, en caso de que se comprueben irregularidades en el proceso de manipulación del teléfono celular del imputado, se acusará a los responsables de "negligencia y encubrimiento agravado".
Para Dalbón, "en caso de que se reconozca por parte del juzgado la negligencia de una prueba tan importante, se iniciará una causa penal contra todos los responsables de la investigación incluyendo a la jueza Capuchetti y al fiscal Carlos Rívolo, la Policía Federal, Policía Aeronáutica, personal del juzgado, y todos los que tuvieron acceso a la custodia del teléfono del imputado", apuntó Dalbón.
"Desnudó la miseria como Nación"
El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Oscar Ojea, sostuvo ayer que "el atentado a la Vicepresidenta ha dejado atónitos y perplejos" a los argentinos y puso "al desnudo la miseria como Nación, la falta de entendimiento y de diálogo y de fraternidad", lo cual debe ser "un punto de inflexión" para "abrir el camino a una mayor creatividad y a una búsqueda sincera de un mejor encuentro" y de "fraternidad" en la sociedad.
El obispo de San Isidro, memoró el pasaje evangélico en el que Jesús dice "quien no cargue su Cruz y me siga, no puede ser mi discípulo". Ojea llamó a que "pidamos en este momento por la fraternidad entre los argentinos para que podamos redescubrir que estamos llamados a un destino común, y que esto que nos está pasando nos puede abrir el camino a un mejor encuentro entre nosotros".