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Su historia es digna de una novela o una película. Tras verse involucrado en el mayor escándalo de corrupción inmobiliaria y municipal de España, el entonces concejal de Marbella, Carlos Fernández Gámez, escapó en 2006 y su destino se convirtió en un enigma. Durante 11 años, los investigadores barajaron distintas hipótesis, como que se encontraba en Marruecos o en Argentina, pero no tenían certezas de ninguna. Hasta que ayer todo se esclareció cuando fue detenido por la Policía Federal nada más y nada menos que en San Juan. Pero no se encontraba recluido en la clandestinidad u oculto ante el mundo sino que, por el contrario, tenía una empresa de coaching con la que asesoraba a políticos, empresarios y deportistas locales de renombre. Con la paciencia y la estrategia de un ajedrecista, logró eludir los controles sobre su identidad y un pedido de captura internacional para, según la sospecha, dejar pasar los años para que prescriban las causas que tenía en contra.
Fuera de su país, Fernández Gámez encaró una nueva vida, a la que le imprimió las costumbres habituales y cotidianas. Así, formó una familia, compuesta por su pareja sanjuanina, sus dos hijos, una nena y un varón, ambos menores de edad, y un hogar en Rivadavia. Según fuentes judiciales, su arraigo a la provincia y su núcleo familiar lo llevaron a manifestar su rechazo a una extradición en la audiencia que tuvo ayer en el Juzgado Federal Nº2, que comanda Leopoldo Rago Gallo (ver recuadro).
En su faceta laboral, creó la empresa de entrenamiento y preparación profesional y técnica Europa Coaching, cuyo lema señala "Confiar en nosotros es confiar en que todo saldrá bien". Fuentes calificadas señalaron que colaboró en la campaña a la Intendencia de Franco Aranda en 2015. En el municipio reconocieron el aporte, pero que fue de tan sólo dos o tres meses. No sólo eso sino que también asesoró a empresarios y deportistas de primera línea. Es más, era fuente de consulta para notas de algunos medios periodísticos, entre ellos DIARIO DE CUYO.
Ahora, ¿cómo logró mantenerse durante 11 años lejos de las garras policiales con un pedido de captura internacional? Fuentes ligadas a su entorno explicaron que no puedo ser rastreado dado que no tenía DNI, pasaporte ni carné de conducir, por ejemplo, además de aprovechar los huecos que brinda el propio sistema. De hecho, decía que su apellido era Hernández. Pese a que los coaching suelen vender su imagen, el español no cuenta en la página de su empresa con una foto suya y en el perfil de Facebook de su pareja no hay ninguna que revele su rostro, señalaron.
Según el diario El Mundo, Fernández Gámez pasó los primeros dos años de su llegada a Argentina en Mendoza. En su círculo señalaron que solía viajar a la vecina provincia para reunirse con amigos de España que le llevaban valijas para sus hijos.
Sobre sus espaldas reposa el llamado caso Malaya. La causa desnudó un entramado de asociaciones que encubrieron actividades delictivas de cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias llevadas a cabo por empresarios, abogados y dirigentes del Ayuntamiento de Marbella (el órgano de gobierno y administración de los municipios españoles). La investigación comenzó en 2005 y fue de tal magnitud que al momento del juicio, en 2010, hubo 86 imputados. Entre ellos había un centenar de abogados, tres exalcaldes, concejales y empresarios vinculados a los sectores de la construcción, los toros y el fútbol. La trama defraudó las arcas municipales hasta en 460 millones de euros, lo que dejó el ayuntamiento en quiebra, según revelaron los portales y medios de España. Fernández Gámez era concejal del Partido Andalucista y está bajo la sospecha de haber recibido 150 mil euros de un exasesor de Urbanismo que provenía de aportes de los empresarios, según reflejaron los portales teinteresa.es y diariosur.es.
Proceso de extradición
Tras la detención de Carlos Fernández Gámez, en el Juzgado Federal Nº2 aguardarán el pedido de extradición de la Justicia española. El mismo debe cumplir con una serie de requisitos. En primer lugar, que los delitos por lo que está en la mira se encuentren en la legislación argentina. Según las fuentes, el español es investigado por los delitos de cohecho y corrupción, aunque los portales del país ibérico también señalan que está bajo la lupa por malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa. Y en segundo lugar, que las causas no estén prescritas. Por otro lado, el portal diariosur.es señala que fue condenado en 2005 a dos años y medio por malversación de caudales públicos por apropiarse de más de 80 mil euros de un club de fútbol, aunque su defensa señala que dicha sentencia también está prescrita.