Todo estalló el día que el empleado judicial salía en su camioneta de la casa de su madre, en San Martín, atropelló y mató a un perro pequinés de su prima (que vivía allí con su pareja, la hija de ambos y los cinco chicos de ese hombre) y se fue como si nada. Tan enojada quedó aquel 26 de noviembre de 2020, que entonces su hijastro de 16 años vio la oportunidad de contar algo que tenía atragantado desde hacía tiempo: las escenas de ese ordenanza judicial de 63 años y también las de su primo de 51, abusando de sus hermanas, por entonces de 14 y 13 años. Se lo contó a su madrastra, que de inmediato lo confirmó con ambas niñas. Por eso al otro día, cuando el judicial llegó como siempre a alimentar a los cerdos que criaba en la propiedad de su mamá, lo confrontó y lo primero que atinó a decir el sujeto fue que todo fue consentido.
Los ánimos se caldearon más cuando llegó el hermano de la mujer, de 51 años, alguien considerado de confianza porque trabajaba con su cuñado (padre de las menores) y en una ocasión le encargaron cuidar al adolescente y la menor de las niñas. Fue el 26 de septiembre de aquel año, en el que el sujeto aprovechó para someter a la jovencita en tres ocasiones, que fueron las veces que el hermano buscó interrumpir porque los veía.
La mujer les echó en cara a su hermano y a su primo su actitud. Al primo lo echó, al hermano le dijo que de ese momento pasaba a ser un muerto para ella, que entonces comprendía por qué unos meses atrás, a mitad de año, le había dicho que su casa era un prostíbulo porque había visto a su primo mantener relaciones con la mayor de sus hijastras.
Esa vez nada dijo porque pensó que su hermano quería ensuciar a su primo, el judicial, con quien no se llevaba bien a causa de una deuda de dinero.
Por la noche, cuando el padre de las niñas llegó de trabajar, le contaron y como el judicial volvió luego de que lo echaran porque había olvidado su celular, tuvieron que intervenir para que el jefe de hogar no golpeara al empleado público.
Al otro día hubo denuncia. Y las niñas, en el Anivi, relataron ante psicólogos lo que habían sufrido. Ambas dijeron haber sido abusadas por el empleado judicial. Y la menor de ellas refirió que también había tenido sexo con el hermano de su madrastra.
Ambos quedaron detenidos, porque el relato de las menores fue considerado como verosímil y, en ambas, los psicólogos detectaron indicadores de abuso sexual.
Los hechos, sin embargo, encajarían en distintas figuras delictivas: al judicial le atribuyeron haberse aprovechado de la inmadurez e inexperiencia de la mayor de las niñas, pero le imputaron la violación de su hermana menor. Este último delito también le fue imputado a su primo.
Al llegar a juicio en la Sala I de la Cámara Penal, ambos decidieron evitar un juicio común y, a cambio de una rebaja de pena, acordaron un proceso abreviado con el fiscal Daniel Galvani. El judicial manifestó su intención de recibir 8 años y 8 meses de cárcel por someter a las dos hermanas. Y su primo acordó 7 años y 6 meses, por ultrajar a la menor de las chicas.
Luego se arrepintieron, pero al final ratificaron el acuerdo con Fiscalía y el juez Martín Heredia Zaldo le aplicó la misma condena que querían cumplir, indicaron fuentes judiciales.