Como anticipó este diario, el escándalo del comisario al que hallaron con una camioneta cedida al depósito judicial de 9 de Julio y un auto secuestrado y alojado antes en ese mismo lugar, amenaza con costarle al menos un dolor de cabeza al titular del segundo juzgado de Instrucción, Pablo Flores. El magistrado sobrepasó los límites de su responsabilidad y luego, ante un periodista de este diario, admitió su falta aunque la minimizó y se justificó con un "Me comí un articulito". El juez Juan Pablo Ortega, quien investiga el caso del depósito de 9 de Julio, tiene elementos como para llamar a su par a indagatoria, coinciden en Tribunales. Si eso ocurre, debe pedir el desafuero. Y para ello hay que someter a Flores a un jurado de enjuiciamiento. En el edificio 25 de Mayo, aunque en of todavía, nadie lo descarta.
El caso salió a la luz entrada la noche del último jueves, cuando la versión digital de este diario publicó en exclusiva la detención del comisario Gustavo Padilla, ordenada por el juez Ortega, a cargo del Primer Juzgado en lo Correccional. La hipótesis de los investigadores es que utilizaba para provecho propio una Toyota Hilux destinada al organismo en calidad de depositario judicial. Además los investigadores creen que Padilla convenció a una mujer para que le vendiera a un precio irrisorio un Chevrolet Corsa que le habían radiado, para luego retirarlo del depósito con un acta de entrega supuestamente firmada por quien en ese momento era el jefe de la seccional 3ra de Capital, quien lo advirtió y a principios de septiembre pasado lo denunció.
El viernes la Policía detuvo a dos efectivos más de apellidos Cárdenas y Flores. El último cayó por un chat muy sugestivo que se descubrió en los 5 o 6 celulares de la división Delitos Complejos de la Policía de San Juan. La conversación es entre este efectivo y el comisario Padilla. En la fuerza y en la Justicia aseguran que la causa arrojará más novedades en el transcurso del fin de semana, aunque no quisieron adelantar pasos.
Paralelamente, en el juzgado de Ortega trabajan en la vinculación o no de Flores. Trascendió de fuentes judiciales que hace poco tiempo la Corte de Justicia pidió un relevamiento a todos los juzgados de los vehículos que tenían en su poder; es decir, los vehículos que estaban en situación judicial, ya sea porque son parte de alguna investigación o porque están en infracción. Según altas fuentes del Poder Judicial, alguien se puso a revisar ayer ese listado pero no encontraron que el juez Flores hubiera informado ninguno de los dos vehículos que están en el centro de la polémica. Nadie supo responder hasta ayer por qué pudo haber ocurrido ese ‘olvido’ y si se trata o no de un dato que lo acerca más al grupo de los sospechosos. Son interrogantes que la Justicia deberá dilucidar en breve.
La respuesta de Flores a este diario lo condena sin posibilidad a defensa: ‘Este hombre (por Padilla) tenía una resolución que yo lo pongo como depositario de un vehículo y es verdad; lo que ocurre y en esto soy sincero: yo me equivoqué, tuve un error de no haber cumplido con un paso que es pedir autorización a la Corte en la vorágine de trabajo, porque ese pedido había sido de diciembre del año 2018 y yo se la otorgo en mayo’, expresó Flores. Es decir, el magistrado admitió el error, aunque lo minimizó y lo justificó. El artículo 270 del Código de Procedimiento Penal de San Juan, dice claramente que es la Corte de Justicia la que tiene la facultad de ceder los vehículos, no un juez. No hay lugar a interpretación.
El viernes a la noche, conocida la declaración de Flores a este diario, en Tribunales no tenían dudas de que el juez Ortega debe llamar a indagatoria a su colega. Si no lo hace le estaría dando un privilegio por encima del resto de los ciudadanos, aseguran al menos dos abogados con años de caminar los pasillos de los juzgados penales. Ortega no sabe si el supuesto olvido de Flores llegó hasta ahí o si había algún tipo de vinculación delictiva entre Padilla, los policías detenidos y el magistrado. Para darle oportunidad al juez de despejar las dudas, lo mejor es la indagatoria, lo mismo que al resto de los supuestos involucrados.
La Corte pidió un informe sobre los vehículos en poder de los jueces y Flores no informó el Corsa ni la Hilux.
En San Juan, un juez, al igual que un legislador, por ejemplo, goza de inmunidad de proceso. Es decir, no puede ser indagado y muchos menos detenido, juzgado y condenado. Ante ese escenario, cuando se desata una investigación por una denuncia y surgen elementos que configuren una sospecha suficiente para llamar a indagatoria a ese funcionario, el magistrado que tiene la causa debe pedir el desafuero. El mismo, en el caso de un juez que se encuentre implicado, se consigue a través de la destitución por el Jurado de Enjuiciamiento, el cual se conforma con un miembro de la Corte de Justicia, dos diputados y dos abogados.
Otra pregunta que nadie se animaba a responder en Tribunales era si el ‘articulito’ que se comió Flores genera una situación lo suficientemente grave como para indagarlo. Es decir, si la Corte de Justicia está o no dispuesta a bancar al juez por algo que, dicen, es más ‘común’ de lo que muchos creen. Lo cierto es que Flores no cultiva buenas relaciones políticas: la Corte lo sancionó por vago una vez y Eduardo Quattropani (Fiscal General de la Corte) y Emilio Baistrocchi (Ministro de Gobierno) lo criticaron muy duro en público por otras decisiones. El primero porque el magistrado se metió con sus fiscales y el segundo por algo parecido, una decisión cuestionable de Flores contra policías que ejercían su trabajo solamente. Como se verá, Flores no es un buen juez -ya lo sancionaron por estar atrasado en sus resoluciones- y, además, no tiene muchos amigos. El Jury merodea su despacho.