La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó ayer el pedido de Argentina para que una demanda por la estatización de la compañía petrolera YPF se resuelva ante los tribunales argentinos, confirmando la jurisdicción estadounidense.
La resolución ratifica el fallo del año pasado de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EEUU que permitió a Petersen Energía Inversora, una subsidiaria de Grupo Petersen que era propietaria del 25% de YPF, seguir adelante con sus reclamos de incumplimiento de ley.
El Tribunal Supremo de EEUU anunció que permitirá que continúe su curso una demanda con la que el grupo Petersen pide a Argentina una millonaria compensación por las acciones que poseía en la petrolera YPF antes de que fuera nacionalizada en 2012.
En una breve notificación y sin dar mayores explicaciones, el alto tribunal dijo que rechaza evaluar una solicitud del Gobierno argentino, quien pedía a los magistrados que mediaran en la disputa con Petersen, que era el socio argentino de la española Repsol.
En la práctica, esa decisión del Supremo permite que continúe su curso una demanda que había interpuesto en 2015 la empresa Petersen Energía Inversora, con sede en Madrid, en busca de una multimillonaria compensación por los perjuicios supuestamente sufridos por la nacionalización de YPF. En el momento de la nacionalización, en 2012, Petersen poseía el 25% de las acciones de YPF.
Ante el Tribunal Supremo, el Gobierno argentino e YPF argumentaron que la demanda de Petersen debía desestimarse porque los tribunales estadounidenses no tienen competencia para juzgar hechos fuera de su territorio, según documentos judiciales.
En julio de 2018, un tribunal de apelaciones de Nueva York ya rechazó esos argumentos del Ejecutivo argentino y consideró que el país sudamericano e YPF "no son inmunes" a una acción legal en EEUU bajo los parámetros de la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera.
Argentina decidió en 2012 expropiar el 51% de las acciones de YPF a la española Repsol, que controlaba la petrolera y que finalmente cerró un acuerdo de compensación por el que recibió bonos por más de 5.000 millones de dólares.
El grupo Petersen, mientras, pudo mantener su participación en YPF, de la que llegó a controlar alrededor de un 25%, pero asegura que el valor de sus acciones sufrió una gran devaluación debido a la decisión de expropiar las acciones de Repsol. Esa es la razón por la que ahora busca una compensación.
Fuentes del Gobierno nacional, tras conocerse el fallo explicaron que "ahora el caso vuelve a manos de la juez neoyorquina Loretta Preska".
En un comunicado, la compañía YPF anticipó que "interpondrá todos los recursos legales necesarios para defender sus intereses de acuerdo con el procedimiento legal aplicable".
"La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos no se expidió respecto al reclamo de fondo efectuado contra YPF", señaló la petrolera, controlada por el Estado argentino. Efe