La cuarta medida de fuerza de alcance nacional, resuelta por la CGT en contra de la política económica y social del gobierno del presidente Mauricio Macri, busca la paralización de todas las actividades del país como una forma contundente de torcer el rumbo de las medidas destinadas a alcanzar el saneamiento presupuestario. En principio, vale recordar que en los últimos tiempos ningún paro ha logrado superar los problemas por los que fue declarado, pero sí se cuentan las pérdidas cuantiosas e irrecuperables.

En junio último, la tercera huelga de la central obrera al Gobierno le costó al país 29.000 millones de pesos, según estimaciones oficiales, y hasta tuvo un alto costo para el propio sindicalismo por las escisiones internas. Las desinteligencias cegetistas agravaron también la intolerancia provocada por las organizaciones sociales y sindicales de la izquierda combativa y del sector piquetero duro liderado por el Polo Obrero e incentivado por el kirchnerismo.

Lejos de advertirse señales de diálogo para alcanzar consensos destinados a eliminar la brecha que divide a los argentinos, todos los embates ideológicos coinciden en apurar la presión en las calles para acortar el mandato presidencial. Este es el perfil de las actuales protestas y de los paros intempestivos: un trasfondo político inequívoco.

Los desaciertos del Gobierno nacional han precipitado este estado de cosas, con medidas irritantes que afectan a los más desprotegidos, pero también es cierto que prevalecen las buenas intenciones y el afán de corregir el descalabro que llevó a un devastador déficit fiscal. Los tiempos son los que no alcanzan para morigerar los desequilibrios económicos y sociales, más si hay ajustes de por medio.

La cuestión de fondo es el derecho de huelga como última instancia reivindicatoria en un problema laboral, pero que las organizaciones de base se arrogan ser dueños de un mecanismo contundente para presionar a las autoridades para reformas políticas que no competen a la misión sindical. Por ello los paros políticos son una afrenta a la democracia porque desvirtúan a la institucionalidad de la República.

El paro general es extorsivo, ya que sin transporte público ni otros servicios básicos se obliga a todos a sumarse a un desafío casi personal de Hugo Moyano contra el Presidente. La ciudadanía debe recordar que las crisis se superan con acuerdos no con presiones sectoriales. Veremos, en el día después, si este paro tuvo la magia de llegar a resultados positivos.