El abogado Marcelo Germán Mora (46) buscará otra vez salirse con la suya: no ser enjuiciado por tres fraudes contra dos hombres a los que en 2007 -según la acusación- estafó en al menos $58.000 con la venta de tres propiedades que no eran suyas. Hoy está previsto el inicio del juicio en su contra, pero al comenzar la audiencia en la Sala III de la Cámara Penal, el letrado se jugará la última carta: a través de su defensor Miguel Dávila Safe, presentará ante el juez Maximiliano Blejman y el fiscal José Eduardo Mallea, un planteo para que se le conceda la extinción de la acción penal (inciso 6, artículo 59 del Código Penal), por reparación integral del daño a Carlos Antonio Ferreyra y Oscar Saleme. Los damnificados firmaron ayer el acuerdo con Mora, quien depositó a favor de ambos $175.000 en una cuenta del Poder Judicial, dijeron fuentes judiciales.
La extinción de la acción es una alternativa de solución a los conflictos penales, una suerte de perdón porque la decisión de finalizar una causa queda en manos de la víctima y el acusado de cometer el delito.
¿Por qué es la última movida de Mora? Porque su causa prescribe, es decir pasaría al archivo, el 6 de diciembre próximo y con ese planteo busca su última posibilidad de no ser juzgado.
Las hipotéticas respuestas al planteo de Mora tienen un claro condicionante: un fallo de la Corte de Justicia en el que ya se dijo que esos acuerdos no regirán en la provincia mientras no se reglamente el artículo 59 del Código Penal, sobre cómo y en qué delitos podrá aplicarse.
En ese escenario de conjeturas, es seguro que el fiscal Mallea citará ese fallo del máximo tribunal de Justicia local y se opondrá a que el largo proceso tenga esa salida.
Desde ese momento, la opinión del juez Blejman será fundamental: si rechaza el planteo, es posible que las víctimas no cobren un peso. Pero esa oposición del juez puede tener a su vez dos alternativas: dejar que la defensa llegue con su reclamo a la Corte, con el resultado que busca, la prescripción, pues es prácticamente imposible que en 20 días el máximo tribunal reciba el expediente y resuelva.
La otra alternativa de rechazo, es que el juez considere ese planteo como uno más de los tantos que concretó para dilatar el proceso -como ya lo expresó la Corte- y que decida continuar con el juicio oral y público.
En ese caso, es posible que las víctimas se queden sin recuperar algo del dinero perdido hace 12 años.
Si, por el contrario, el juez acepta ese planteo, se abrirá una chance para que las víctimas puedan hacerse con algo de dinero. Pero entraría a tallar entonces el reclamo del fiscal ante la Corte, con el mismo resultado, la prescripción de la causa.
La eventual prescripción tiene otro crudo condimento: que las víctimas ya no puedan reclamarle nada más ni a Mora ni a la Justicia.