La Cámara Nacional de Casación, el máximo tribunal penal del país, le concedió el arresto domiciliario al represor Gustavo De Marchi. El militar retirado carga con una condena de 25 años y otra de prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, además de tener un antecedente de fuga con Jorge Olivera, el exjefe de Inteligencia en San Juan, tras el primer castigo que ambos recibieron. Su defensor oficial, Esteban Chervin, había pedido el beneficio, debido a que señalaba que De Marchi se encuentra comprendido en los grupos de riesgo por el coronavirus. Sin embargo, el tribunal no analizó tal argumento y le otorgó el régimen porque, en líneas generales, se deben contemplar los derechos humanos "que le asisten a los adultos mayores", ya que tiene 71 años.
La prisión domiciliaria aún no se hace efectiva y el fiscal General de Casación Penal, Raúl Plee, acudiría a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que revierta la decisión, de acuerdo a cómo vienen actuando los representantes del Ministerio Público ante esos casos. No obstante, fuentes judiciales explicaron que, pese a la oposición que pueda hacer el fiscal, la resolución se terminaría cumpliendo, salvo que los supremos la den vuelta.
El beneficio para De Marchi salió con los votos de Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi (Liliana Catucci falló en contra) y se dio en el marco del tercer megajuicio por delitos de lesa humanidad que se está llevando adelante en la provincia. La resolución sienta un precedente para el resto de los condenados e imputados que esgriman situaciones similares, como el propio Olivera, indicaron las fuentes.
A partir del fallo de Casación, el represor pidió que la prisión domiciliaria se haga extensiva a los procesos en los que fue condenado. Sin embargo, el fiscal General ante el Tribunal Oral Federal de San Juan, Francisco Maldonado, se opuso al hacer referencia a las condenas de De Marchi y la posibilidad de escaparse, teniendo su fuga del 25 de julio de 2013.
A través de su defensor, De Marchi solicitó el arresto domiciliario ante el Tribunal Oral Federal local, el cual lo está juzgando en el marco del tercer megajuicio. ¿Los fundamentos? Que el represor se encuentra dentro del grupo de riesgo ante el Covid-19, dado que tiene 71 años y múltiples patologías crónicas, como hipertensión arterial y diabetes. El organismo, presidido por el mendocino Alberto Carelli, rechazó el planteo y el abogado Chervin apeló a Casación Penal. En su fallo, Gemignani resaltó el juzgamiento y el castigo de los responsables de delitos de lesa humanidad, pero destacó que el Estado debe considerar "los especiales derechos humanos reconocidos internacionalmente a las personas adultas mayores" y que se comprometió ante la comunidad internacional a "erradicar prácticas que constituyan malos tratos o penas crueles que atenten contra la seguridad de la persona mayor". Además, señaló que De Marchi cumple con el requisito que estipulan el Código Penal y la ley de Ejecución Penal, los que permiten la detención domiciliaria a los mayores de 70 años. Sin embargo, fuentes judiciales señalaron que tales argumentos no son aplicables automáticamente, dado que se debe evaluar cada caso concreto. Y en el de De Marchi, preso en el Penal de Ezeiza, en Buenos Aires, no se encuentra bajo ninguna situación degradante.
Si el fallo queda firme, será el tribunal local el que deberá definir la forma de la prisión domiciliaria, es decir, si le colocan una custodia permanente o una tobillera electrónica.
> Primera condena y fuga
El 3 de julio de 2013, el Tribunal Oral Federal condenó a Gustavo De Marchi a 25 años de prisión, al igual que Francisco Del Torchio y Daniel Gómez. En cambio, Jorge Olivera, Osvaldo Martel y Horacio Nieto (fallecido) recibieron el castigo de pena perpetua. Por su parte, Alejandro Lazo (fallecido) tuvo un castigo de 10 años.
A 22 días de la sentencia, De Marchi y Olivera se escaparon. Ambos estaban detenidos en el Penal de Chimbas y habían tramitado su traslado al Hospital Militar Central Cosme Argerich, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para atenderse por dolencias médicas. Fue la esposa de Olivera, Marta Ravasi, la que había tramitado los turnos de atención en el centro de salud porteño.
El 4 de diciembre de 2015, De Marchi fue apresado por la Policía cuando caminaba por el barrio porteño de Almagro. Por su parte, Olivera fue recapturado el 30 de enero de 2017, en la casa de su esposa, mientras estaba oculto en el baúl de un auto.
> Otro castigo y juicio en curso
El 22 de octubre de 2018, el Tribunal Oral Federal condenó a prisión perpetua a los exmilitares Gustavo De Marchi, Jorge Olivera, Osvaldo Martel, Daniel Gómez, Francisco Del Torchio, Eduardo Cardozo, Rubén Arturo Ortega, Juan Carlos Coronel y Eduardo Vic y a los expolicías José Hilarión Rodríguez y Juan Carlos Torres. Por otro lado, Juan Carlos Méndez Casariego recibió 18 años de cárcel mientras que Juan Alberto Aballay tuvo una pena de seis años.
Por otro lado, De Marchi está siendo juzgado en el tercer megajuicio por delitos de lesa humanidad, el cual cuenta con otros 30 imputados, entre los que se encuentran militares retirados (como Olivera), expolicías y el exfiscal Federal Juan Carlos Yanello. El debate oral y público se frenó por el aislamiento social y obligatorio por la pandemia del coronavirus y se reanudaron las audiencias de manera virtual y luego de que la Corte Suprema de Justicia habilitara el regreso a las tareas del Tribunal Oral Federal.