La causa penal contra la abogada Paola Miers y los médicos Federico Bazán y Federico Antequeda (miembros del grupo pro vida), quienes trataron de impedir un aborto no punible en el Hospital Rawson, sumó una nueva arista. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la organización no gubernamental cercana al kirchnerismo y que a nivel nacional conduce el periodista Horacio Verbitsky, busca participar en el expediente, ya que los representantes locales solicitaron en la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal que la ONG sea considerada como amicus curiae (amigos del tribunal). El objetivo es poder ofrecer una opinión para colaborar en la resolución del proceso, aunque el planteo sobre la posibilidad de tener cabida aún no ha sido resuelto. La postura del CELS es claramente a favor de la interrupción legal del embarazo, por lo que es un hecho que están en contra de la movida que llevaron adelante los antiabortistas en el principal centro de salud de la provincia.
El planteo salió a la luz esta semana, luego de que se conociera que el tribunal debe expedirse sobre la apelación que hizo el abogado querellante Reynaldo Bedini, quien actúa en representación de los intereses de la madre de la menor a la que se le produjo la intervención quirúrgica. El profesional apuesta a revertir el fallo que desliga a los antiabortistas, luego de que la fiscal Marcela Torres, no mantuviera la apelación que había hecho su colega de primera instancia, Silvina Gerarduzzi, contra el sobreseimiento dictado por el juez Matías Parrón.
La presentación del CELS llamó la atención en Tribunales, ya que se produjo una vez que la causa llegó a la Cámara, aunque a otros sectores judiciales no les pareció extraño, ya que dijeron que la ONG busca intervenir en los expedientes que se encuentran dentro de su agenda temática.
Según una acordada de 2004 de la Corte Suprema de Justicia, en las causas "en las que se ventilen asuntos de trascendencia institucional o que resulten de interés público, se debe autorizar a tomar intervención, como Amigos del Tribunal, a terceros ajenos a las partes", pero sólo aquellos "que cuenten con una reconocida competencia sobre la cuestión debatida y que demuestren un interés inequívoco en la resolución final del caso". Si la participación es aceptada, "su actuación deberá limitarse a expresar una opinión fundada en defensa de un interés público o de una cuestión institucional relevante". Dicha opinión es sólo a modo de sugerencia y tiene por objeto ilustrar a tribunal, por lo que puede ser tenida en cuenta y no es vinculante.