Fue la apariencia burda del certificado, incluso con algunos rayones, lo que instaló la sospecha y dio paso a una averiguación en la Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión, para determinar si era o no cierto que la agente Yamila Leites (31) había atravesado un cuadro de "gastroenteritis aguda" y que una médica le había dado cuatro días de reposo, a contar desde el pasado 19 de enero. Tan completa resultó esa investigación que el 20 de septiembre se vieron obligados a poner la denuncia en la UFI de Delitos Especiales, ante la sospecha de que la propia policía había confeccionado ese certificado, claro está, sin la participación de la médica que decía haberla autorizado a tomarse cuatro días en su trabajo, por entonces en el Comando Radioeléctrico Central.
Una de las pruebas más comprometedora para esa joven, fue una pericia caligráfica entre los grafismos del certificado que presentó y su propia letra, pues la joven "aceptó aportar su escritura" para realizar ese examen.
El resultado fue contundente. Ella misma había escrito: "Paciente de 31 años cursa con coliquicos agudos adbominales agudos se requiere 4 (cuatro) días de reposo por una gastroenteritis aguda (sic)", adicionándole sello y firma de una médica de apellido Quiroga.
La segunda evidencia comprometedora para la agente fue el testimonio de esa médica, que declaró no conocerla ni haberla atendido en la Clínica Santa Clara, donde supuestamente concurrió a verla. La profesional tampoco reconoció como suyos el sello y la firma del certificado.
Ayer, Leites llegó a Tribunales para enterarse de la investigación en su contra (la asiste el defensor oficial Hugo Trigo), por el delito de falsificación de instrumento privado (delito excarcelable). En la audiencia en la que formalmente le imputaron esa maniobra ilícita, el fiscal coordinador, Iván Grassi y el ayudante fiscal, Ignacio Domínguez, le pidieron al juez Javier Figuerola un plazo de 6 meses para investigar a la agente y la imposición por igual período de reglas de conducta: someterse al proceso y no salir de la provincia sin autorización judicial. El magistrado accedió al planteo fiscal.
La investigación penal es otro punto en contra para esa policía, porque a nivel laboral está muy complicada y podrían recomendar echarla de la Fuerza.
- Piden castigo a cabo por adicionales que no hizo
El fiscal Adrián Riveros y el ayudante fiscal, Leonardo Arancibia, pidieron ayer una condena de 3 años en suspenso y 6 de inhabilitación para ocupar cargos públicos para el cabo Javier Lucero por cobrar $46.659 de adicionales que no hizo. La defensa pidió absolución. Hoy, la jueza Celia Maldonado decidirá si lo condena o no.