El oficialismo y la oposición en la Cámara de Senadores acordaron debatir y llevar al recinto en una semana el proyecto de ley sobre la reforma del Ministerio Público Fiscal y la Defensoría General de la Nación, confeccionada sobre la base de un acuerdo entre el interbloque Cambiemos y el Frente para la Victoria.
La discusión comenzará hoy, en el seno de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que preside el senador del PJ por Entre Ríos, Pedro Guastavino, convocada para las 13 en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo.
Fuentes del Senado indicaron que existe la decisión de debatir el proyecto y firmar dictamen inmediatamente después, con la intención de que la cuestión sea llevada al recinto el próximo miércoles 15 de noviembre.
Una vez aprobada en el Senado, el tema pasará a Diputados donde el oficialismo pretende convertirla en ley antes de que terminen las sesiones ordinarias de este año y que el reemplazante de la renunciante procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, asuma su cargo, una vez que la misma deje sus funciones el 31 de diciembre.
La iniciativa acordada con la oposición fue presentada el viernes pasado por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y cuenta con las firmas del radical Ángel Rozas; del jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, y del peronista salteño Rodolfo Urtubey.
Lo más importante de este proyecto conjunto es que elimina la duración vitalicia, tanto del titular de la Procuración como el de la Defensoría General de la Nación, que podían mantenerse en el cargo hasta el límite de edad establecido por la Corte Suprema de la Nación, de 75 años.
El límite temporal para ejercer ambos cargos será de cinco años, con la posibilidad de una reelección, por única vez, para continuar por dos años más.
La designación de ambos funcionarios se mantendrá en manos del Senado, que podrá brindar su acuerdo a quien designe el Poder Ejecutivo Nacional con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, o sea 37 votos. Para su remoción, el proyecto establece que se necesitará el voto de la mayoría absoluta de los senadores y de la mayoría de los presentes, en el caso de la Cámara de Diputados.
Frente a una iniciativa de remoción, el procurador queda suspendido inmediatamente en sus funciones. Sin embargo, el Senado debe decidir su situación en un plazo de 180 días. Si no lo hiciera en ese lapso, el funcionario debe ser repuesto en su cargo.
Si el pedido de remoción proviniera del Poder Ejecutivo, el plazo de resolución se achica a diez días.
En relación a los traslados de los fiscales y defensores, se establece un plazo mínimo de permanencia en el cargo para el que los fiscales y los defensores fueran designados, el que se fija en cinco años, añade el texto al que accedió Télam. De esta forma, agrega, “se evitan abusos que desvirtúen el acuerdo otorgado por el Senado de la Nación para el ejercicio de la función en un ámbito territorial determinado; no obstante, y a fin de atender a circunstancias excepcionales, se evita un rigorismo excesivo que impida toda movilidad a los magistrados del Ministerio Público”.
Desde el Ministerio de Justicia de la Nación destacaron que entre los puntos salientes de la reforma se inscribe el hecho de que la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación “tendrá un mayor peso”, y que el procurador general estará obligado a brindar un informe anual y obligatorio ante ese cuerpo, que a su vez tendrá la potestad, si así lo requiere, de citar al procurador y la presentación de algún otro informe.