La mayor causa de corrupción en Argentina que bajó presión a exfuncionarios de primera línea del gobierno kirchnerista, empresarios y banqueros, está bajo riesgo: es que una sala "K" de Casación Penal debe resolver una apelación y decide si se queda con el caso.
Se trata de la sala II que integran los jueces Slokar, Ledesma y Yacobucci.
Este nuevo escenario se da a partir del sorteó el Tribunal que deberá resolver el pedido de excarcelación de Roberto Baratta, el recaudador de los retornos de la obra pública.
A partir de ahora, y si sus integrantes no rechazan intervenir, todos los recursos que se pidan en la causa de los cuadernos serán estudiados por estos jueces, dos de los cuales tienen antecedentes de haber actuado en sintonía con los intereses K.
Discípulo dilecto del exjuez de la Corte Eugenio Zaffaroni, Slokar es un jurista brillante y cuya honestidad nunca fue cuestionada en los ásperos pasillos de Comodoro Py. Referente de la agrupación judicial K Justicia Legítima, en Casación, varios de sus votos fueron clave para sostener los intereses de exfuncionarios del kirchnerismo investigados por la justicia.
Slokar también es muy influyente sobre otra de las juezas de la sala II, Ángela Ledesma, cuyo pliego para acceder a la Cámara fue decididamente impulsado por el kirchnerismo pese a que no había encabezado la terna correspondiente. Ledesma también quedó bajo la lupa por algunas de sus intervenciones en distintas causas por corrupción con acusados kirchneristas.
Para colmo, el fiscal ante la Casación que se ocupará del caso es Javier De Luca, otro miembro destacado de Justicia Legítima muy cuestionado por sus reiterados intentos de evitar que se investigue la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner por el supuesto encubrimiento del ataque a la AMIA.