Las inmunidades de arresto y de opinión que la Constitución Nacional consagra en favor de los integrantes de las cámaras que conforman el Congreso de la Nación -diputados y senadores- implican garantías que rodean el ejercicio libre y eficaz, sin temor a persecuciones políticas de las mayorías ocasionales, de una función central del Estado: la deliberación democrática de la que resulta la ley.
De este modo, las denuncias que han realizado legisladores de compromiso republicano indubitable, tal como es el caso -entre otros- de la diputada Elisa Carrió, contra un poder que ha procurado imponerse por más de una década como un modelo hegemónico, pudieron encontrar en los fueros parlamentarios, en los periodos pertinentes, una protección adecuada y razonable.
Por el contrario, parece evidente que esa no es la situación de la negativa por parte del juez Rodríguez (uno de los tantos jueces cuestionados que integran el bastión de Comodoro Py) a requerir el desafuero del actual diputado Julio de Vido, acusado por el fiscal Stornelli de haber participado en una maniobra de corrupción por desvío de fondos de proporciones ciclópeas. Decisiones como las del mencionado juez acuerdan al fuero parlamentario un carácter de privilegio irritante y al Congreso Nacional condición de zona inmune al alcance de la justicia.
El debate presente debe considerar, entonces, las causas subyacentes que llevan a cuestionar la existencia de las garantías de arresto y opinión de los legisladores, vinculaciones que exigen contextualizar el uso y el abuso de una garantía que, en sí misma, es apta para brindar buen servicio institucional. Es en tal marco en que puede analizarse, también, las renuncias a los fueros que de modo oportunista son formuladas por grupos electorales en competencia, concitando la atención sobre el gesto político, el pase de manos, la maniobra de galera, al tiempo en que la mirada se aparte del problema central: la consagración de la impunidad de la corrupción al amparo de una justicia cooptada por intereses agonales en el marco de una red política de protección.
Se encuentra en organización una próxima marcha ciudadana en requerimiento de una justicia independiente. Es tiempo de que la sociedad civil, o al menos la parte de esa sociedad argentina que puede ocuparse de causas que superen la angustia de la lucha por la supervivencia cotidiana, se comprometa con esa demanda pública que grita por la necesidad de jueces probos, dotados del coraje que la democracia como política del reconocimiento del otro requiere hoy.
Por contraste, decisiones como las del juez Rodríguez, sumen al pueblo en la sensación de anomia que caracteriza a los reinos sin justicia. Y no es esa una cuestión meramente arquitectónica o un juego característico de la política apto para el cotilleo periodístico, la corrupción es una condena material a la marginalidad de millones de argentinos, un problema acuciante que está en la raíz de la inseguridad y de las fallas en las prestaciones básicas en materia de educación, salud pública e infraestructuras esenciales.
Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UCC(*)