¿Qué tienen en común Alfredo Leuco, Gustavo Sylvestre, Roberto Navarro, Marcelo Bonelli y Cynthia García, además de ser excelentes periodistas? Poco, ya que a juzgar por lo que dicen, no piensan muy parecido. Pero desde hace unos quince días atravesaron la famosa grieta que los separa y quedaron en el mismo lugar, al menos por un rato. Llamativamente, ese salto lo dieron gracias a dos sanjuaninos: Juan Carlos Caballero Vidal y Adolfo Caballero, ministro y presidente de la Corte de Justicia de San Juan, respectivamente. Todos los colegas han coincidido en que la imputación por delitos de lesa humanidad contra el primero es inédita en el país y, a la vez, han repudiado las declaraciones (hechas a este diario) del circunstancial jefe del Poder Judicial sanjuanino por intentar "intimidar" a un fiscal federal. La ausencia de arrepentimiento del presidente de la Corte provoca vergüenza, porque a estas alturas ya se puede afirmar sin temor a equivocaciones que Caballero no solamente cree en lo que dijo, sino que es capaz de volver a sostenerlo y, por tanto, no se siente ni cerca de la obligación de pedir disculpas. Para colmo, todo ocurre en vísperas de la visita del ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, quien, aseguran en San Juan, estuvo a punto de suspender su viaje por no querer mezclarse con lo peor de lo peor. Y una perlita: hay debate en el Gobierno por la nota que los fiscales enviaron a la Cámara de Diputados, poniendo en conocimiento a los legisladores sobre lo ocurrido. ¿Se mezclan las amistades con las obligaciones institucionales?
La historia ya se conoce, pero vale la pena repasarla: el fiscal federal Francisco Maldonado imputó a Caballero Vidal por, presuntamente, seis delitos cometidos por el cortista cuando éste era juez de primera instancia, en la década del "70. Básicamente Maldonado acusa al funcionario provincial de haber formado parte del aparato represivo de la última dictadura militar. A raíz de eso, el presidente de la Corte, Adolfo Caballero, hizo declaraciones que los fiscales Maldonado y el mendocino Dante Vega consideraron intimidantes y enviaron una nota a la Legislatura para poner en conocimiento a ese Poder sobre lo ocurrido. Después, Caballero Vidal recusó a Maldonado y al juez federal Leopoldo Rago Gallo al considerar que ya han opinado sobre esta acusación. Por estos días el magistrado federal prepara todos sus cañones para rechazar la recusación y el fiscal espera que eso se resuelva para ampliar la acusación sobre Caballero Vidal. En los tribunales provinciales ya es vox populi que la ampliación de Maldonado será más complicada para el ministro que la primera acusación y todos se frotan las manos, porque ven que está cerca la posibilidad de una nueva vacante en el perimido máximo tribunal de la provincia.
¿Qué dicen en el Ejecutivo? Absolutamente nada. Y, en realidad, no deben decir nada. No hace falta que digan nada. Por supuesto que ven con buenos ojos que el Poder Judicial se vaya oxigenando, porque necesitan que ese Poder deje de tirar para abajo en un tema de altísima sensibilidad como la seguridad, pero no están dispuestos a mover un solo dedo para provocar nada. ¿Qué dicen en el Legislativo? Ahí está el problema. Hay diputados oficialistas muy enojados porque dicen que la carta de los fiscales los metió en la discusión, cuando en realidad no tienen nada que ver en el conflicto. Obviamente no están de acuerdo con las amenazas de Adolfo Caballero, pero lo atribuyen a la verborragia del presidente de la Corte y nada más. Aclaran los legisladores que bajo ninguna circunstancia Caballero puede influir con sus dichos a un fiscal federal y que esas palabras quedaron en el viento, sin ningún daño posible, porque la división de poderes en este Estado Federal no permite injerencia de uno sobre el otro. Y argumentan que si se expiden pueden ser objeto de inhibición ante algún posible juicio político que les toque llevar adelante contra alguno de los miembros del máximo tribunal de Justicia de la provincia. No podemos preopinar, aseguran.
Esos argumentos, todos válidos por supuesto, olvidan un condimento muy sencillo: la política, y no la partidaria, la que vale. Primero que nada, nadie espera que un cortista termine en un juicio político por torpe y engreído. Es más, ya todo San Juan los conoce. Si fuese tan sencillo, ninguno de ellos ya formaría parte de la Corte. Nadie espera que los diputados lleven este tema a tal extremo, pero sí la Cámara bien pudo haber emitido al menos una declaración en la que se refrenden el respeto a la división de poderes y el apego irrestricto a las distintas jurisdicciones judiciales, que se vieron socavadas por las pavadas del presidente de la Corte. Nada más. Si nos tomamos de las palabras de Adolfo, "El que haga esa imputación (por la imputación de Maldonado a Caballero Vidal) va a tener que probarlo muy bien porque se expone también a que se le vuelva la cosa en contra. No porque sea fiscal se va a llevar a todo el mundo por delante, no es así. Puede incurrir en mala praxis, mala fe. Sea juez, fiscal, o quien sea, tiene que tener las pruebas, la evidencia. Son delitos graves los que están imputando. No es tan fácil. Si se equivocó en la imputación, si ha habido mala fe, el fiscal es responsable por sus actos también", nadie puede negar que el presidente de la Corte ha ido más allá de lo que debe hacerlo, pero nada más que eso. Nadie lo va a echar por eso, ni deberían hacerlo, pero sí alguien le tiene que hacer saber que no es intocable, que no forma parte de una casta superior y que no debe excederse como lo hizo, como aparentemente cree.
En la Corte ahora hay debate, por suerte. Guillermo De Sanctis les pidió a sus compañeros dos grandes favores tras el escándalo: el primero fue que no firmen comunicados institucionales sin consultar, porque en ese frustrado intento de autodefensa que Caballero intentó hacer a través de un comunicado de prensa, nuevamente vergonzoso, cayeron todos, y no solamente los involucrados. El segundo favor, aunque muy probablemente se lo haya hecho él a ellos sin darse cuenta, es salir a despegar a la institución que representan de la imputación a Caballero Vidal. Si el presidente del cuerpo fuera un poco más hábil, habría hecho lo mismo. La Corte nada tiene que ver con eso. Aunque tal vez de eso ya se hayan dado cuenta, porque hicieron silencio de radio tras el papelón. No se sabe si el silencio fue por la vergüenza del impacto público, o porque se dieron cuenta de que hablando entorpecen a la institución que representan.
Por ahora se puede decir que Sergio Uñac tiene mucha suerte. Probablemente tendrá otra oportunidad de seguir oxigenando la cuestionada Corte que heredó, defendida hasta el cansancio y la vergüenza por su antecesor. Esperemos que no los defienda, primero porque no se lo merecen, segundo porque no corresponde, y tercero porque todo San Juan espera algo diferente de él. Y lo último: los abogados están esperando una renovación en serio. Ojalá no caiga nuevamente en la tentación de hacer política con otro poder del Estado.