La crisis económica regional desatada en las empresas electrointensivas como las agropecuarias, vitivinícolas, olivícolas y agroindustriales en general sumó un nuevo capítulo en la batalla contra la suba iniciada por las principales entidades vitícolas sanjuaninas.
A las denuncia ante la Defensoría del Pueblo a cargo del doctor Julio César Orihuela, esta semana la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan y la Federación de Viñateros de San Juan sumaron el envío de una nota solicitando apoyo al proyecto de ley para atenuar la suba de tarifas, que fue aprobado en sesión en Cámara de Diputados de la Nación.
Según indica el comunicado de prensa, el texto estaba dirigido a los senadores nacionales por San Juan, María Cristina López de Abarca, Roberto Basualdo y Rubén Uñac.
De manera personalizada, buscando el apoyo legislador por legislador, solicita entre otros conceptos "el apoyo al proyecto de ley ‘Razonabilidad en las tarifas de los servicios públicos’, aprobado en sesión especial en la Cámara de Diputados, que respaldamos desde la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan (AVFI) y la Federación de Viñateros de San Juan".
La nota indica además: "Justificamos nuestro pedido en las razones que se expusieron ampliamente en la Cámara de Diputados, sobre todo en lo referente a los enormes beneficios que están obteniendo las generadoras de energía y transporte que nos hace inequitativo el esfuerzo que todos debemos realizar. De mantenerse el esquema actual de tarifas eléctricas, se hará imposible nuestra actividad agroindustrial y menos aún, lograr inversiones en el sector".
"También estas tarifas atentan contra el consumo ya que la población debe destinar una parte importante de sus ingresos al pago de los servicios, achicando nuestro mercado interno que es el principal demandante de la producción", indica finalmente.
Cabe recordar también que una vez que se expida la Defensoría del pueblo, se desprenden dos opciones: "Con la información en mano, en la provincia de San Juan investigaremos el costo de transporte de la energía. Pero como la fijación del precio en sí de la energía es potestad de la Nación, nuestra defensoría provincial se convertirá en denunciante ante la defensoría del pueblo de la Nación", según indicara el defensor del pueblo, doctor doctor Julio César Orihuela.