En medio de la crisis política y social que ya se cobró la vida de 10 personas, el Gobierno de Perú decretó ayer el estado de emergencia en todo el país por 30 días, en un intento por contener las protestas que estallaron en todo el territorio tras la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo a partir de su decisión de disolver el Congreso.
Esta medida permite restringir el derecho a la movilización y desplegar al Ejército y la Policía. Sin embargo, en las calles de varias regiones del país andino seguía reinando la anarquía con los manifestantes bloqueando rutas y tomando edificios públicos en apoyo al destituido expresidente Castillo.
Imágenes de la televisión local mostraron a una fila con decenas de vehículos varados al borde de una carretera clave en la costa al sur de Lima, mientras cientos de manifestantes colocaban piedras en vías de las regiones andinas de Puno, Cusco y Arequipa, en medio de la vigilancia policial.
La Confederación General de Trabajadores de Perú, uno de los mayores sindicatos del país, convocó a una ‘jornada de lucha’ por la tarde en Lima, en medio de las protestas en reclamo por elecciones inmediatas, el cierre del Congreso, una asamblea constituyente y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
Boluarte, que era la vicepresidenta del país, asumió al poder luego de la destitución y arresto de Castillo. El gobierno de Boluarte decretó el miércoles el ‘estado de emergencia’ nacional y entregó el control del país a las Fuerzas Armadas frente a las protestas, y anunció que se podrían realizar las elecciones generales para fines del 2023. Pero el anuncio de acortar más los plazos de las elecciones no ha frenado las manifestaciones, que hasta ahora han dejado 10 muertos, la mayoría adolescentes, y cientos de heridos entre civiles y policías, según la Defensoría del Pueblo.
Jorge Salinas, presidente de CORPAC -que gestiona los aeropuertos del país-, dijo a Panamericana Televisión que por medidas de seguridad permanecían suspendidos los terminales aéreos de Arequipa, Cusco, Andahuaylas, Juliaca y Ayacucho. Por esto, el Gobierno cerró el ingreso a la ciudadela inca de Machu Picchu, principal destino turístico del país. Y según reportes en la radio y redes sociales cientos de turistas permanecían varados en la ciudad por el cierre del aeropuerto. Y como si la crítica situación social fuera poco, el Gobierno peruano llamó ayer a consultas a sus embajadores en México, Argentina, Colombia y Bolivia ante una ‘intromisión en los asuntos internos’ tras apoyar al destituido exmandatario izquierdista Pedro Castillo, que sigue detenido.